En el marco de la discusión legislativa sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea, la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, participó en la Comisión de Hacienda del Senado, donde realizó una firme defensa de una legislación moderna, eficaz y justa para todos los actores del sector.
“Como industria regulada, creemos firmemente que avanzar en una ley que ordene y modernice el ecosistema del juego es urgente y necesario, tanto por la protección de los consumidores como por la transparencia del sistema”, expresó Valdés ante los senadores.
Durante su intervención, la presidenta ejecutiva subrayó que la industria de casinos ha operado históricamente bajo estrictos estándares legales, tributarios y de control, y advirtió sobre el peligro de permitir que plataformas ilegales pasen a la legalidad sin exigencias equivalentes.
“Legalizar lo ilegal sin reglas claras rompe el equilibrio regulatorio. No puede haber igualdad de derechos sin igualdad de deberes. Quienes han cumplido con la ley no pueden quedar en desventaja frente a quienes han operado al margen de ella”, agregó.
La ACCJ planteó además la urgencia de fortalecer las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, de incorporar estándares internacionales contra delitos como el lavado de activos, y de avanzar hacia una convergencia entre el mundo online y el presencial, sin duplicar exigencias para los actores que ya cumplen con un marco regulatorio estricto.
“Esta industria ha invertido más de US$2.000 millones desde 2008, genera más de 20.000 empleos formales en once regiones y contribuye activamente al desarrollo económico y turístico del país. Cuidar este ecosistema también es parte de la modernización que Chile necesita”, enfatizó Valdés.
Finalmente, la presidenta ejecutiva reiteró la plena disposición del gremio a colaborar con el Congreso y las autoridades para diseñar un marco legal exigente, transparente y equitativo, que proteja a los consumidores, fortalezca el desarrollo regional y asegure una competencia justa entre operadores legales.