En la sesión de este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado continuó con la tabla sobre el Proyecto de Ley que regula las plataformas de apuestas en línea y escuchó con atención las exposiciones de la Defensoría de la Niñez y la Fundación Ajuter, ambas coincidentes en advertir sobre los graves efectos que puede tener el juego online no regulado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La falta de filtros, controles y barreras mínimas fue señalada como una amenaza urgente para la salud mental y el desarrollo de los menores, en un mercado digital que crece sin regulación ni fiscalización adecuada.
Este lunes 15 de julio, la Comisión de Hacienda del Senado continuó con la revisión del proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea, recibiendo las exposiciones de la Defensoría de la Niñez y de la Fundación Ajuter. Ambas intervenciones coincidieron en alertar sobre los graves impactos que puede tener el juego online no regulado en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, así como en sectores jóvenes cada vez más expuestos a este fenómeno.
En representación de la Defensoría de la Niñez, el defensor Anuar Quesille fue enfático en señalar que el proyecto de ley actualmente en discusión no incorpora resguardos suficientes para los menores de edad. A su juicio, se trata de una omisión grave, considerando el alto nivel de exposición de niños y adolescentes a plataformas de apuestas digitales que, muchas veces, utilizan estrategias de captación agresivas en redes sociales y medios digitales. Durante su presentación, Quesille recordó que ya en abril de este año la Defensoría había enviado un conjunto de recomendaciones al Congreso Nacional, apuntando a reforzar la protección de la infancia. Entre las preocupaciones planteadas, destacaron la ausencia de una prohibición clara de publicidad dirigida a menores, la debilidad de los mecanismos de verificación de edad y la falta de atribuciones eficaces para la autoridad fiscalizadora. “El principio de interés superior del niño no puede quedar subordinado a lógicas comerciales”, subrayó Quesille, agregando que el enfoque de derechos debe estar en el centro de cualquier regulación que se pretenda moderna y legítima.
En tanto, la Fundación Ajuter —dedicada a la prevención y tratamiento de la ludopatía— presentó un duro diagnóstico sobre el impacto del juego online en la salud mental de la población. Su fundadora, la psicóloga Ángela Carmona, explicó que el fenómeno del juego patológico ha tenido un crecimiento alarmante en los últimos años, especialmente entre hombres jóvenes de entre 18 y 40 años. Según los datos compartidos, la prevalencia del juego problemático o patológico pasó de un 11,8% en 2018 a un 21,4% en 2022. Además, advirtió sobre la creciente normalización de esta conducta en entornos digitales, sin los filtros ni barreras que suelen existir en el juego presencial. Carmona también hizo notar un cambio significativo en el perfil de quienes ingresan a sus programas de rehabilitación: si en 2023 el ingreso era equitativo entre hombres y mujeres, en 2025 la proporción es de tres hombres por cada mujer, reflejo del aumento sostenido en jóvenes que apuestan compulsivamente por internet.
Tanto la Defensoría como Ajuter coincidieron en la urgencia de adoptar una regulación que no solo contemple licencias y normas comerciales, sino que también incorpore medidas concretas de prevención, educación, fiscalización y tratamiento. Para ello, insistieron en la necesidad de contar con una institucionalidad fortalecida, reglas claras sobre la publicidad y una política pública que reconozca la ludopatía como un problema de salud mental.
Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos valoramos profundamente estas intervenciones, que ponen sobre la mesa aspectos críticos del debate legislativo en curso. Coincidimos en que la protección de la infancia y la salud mental deben estar al centro de cualquier nueva regulación, y reiteramos nuestra total disposición a colaborar con el Congreso y con las autoridades en la construcción de un marco legal exigente, eficaz y con visión de largo plazo. Una regulación moderna debe ser también una regulación justa y responsable, que proteja a los consumidores y no premie a quienes han operado al margen de la ley.